La República Dominicana es uno de los países de la región con mayores índices de muerte de mujeres relacionadas con el embarazo, parto y puerperio, con 106 decesos por cada 100,000 nacimientos, mientras que el promedio de la región es de 77, según datos del informe de seguimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
En 2014, el Congreso Nacional (bicameral) aprobó un nuevo Código Penal, donde se incluyeron como excepciones a la penalización del aborto por malformación fetal, salud y violación, después de unas observaciones del presidente Medina para que se contemplaran esas circunstancias.
Posteriormente, el código fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional, tras acoger tres recursos presentados por organizaciones opuestas al aborto.
El Senado, controlado por el oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD), aprobó recientemente las modificaciones al Código Penal, que entre otras novedades dispone penas de hasta tres años a las personas que incurran en el aborto, para quienes lo causen, incluyendo al médico, enfermera, partera, cirujano, farmacéutico u otro profesional.
A medida que pasa el tiempo, son más las personas, instituciones y organizaciones dominicanas que reclaman con opiniones encontradas en torno a este importante tema.
Como consecuencia, el presidente Danilo Medina devolvió al Congreso Nacional la Ley que modifica el Código Penal Dominicano, observando los artículos relacionados con el tema del aborto, a fin de que los legisladores especifiquen las excepciones que deben prevalecer en caso de penalizar la interrupción del embarazo. Lo que ha causado mayor controversia en diversos sectores que están en contra de la modificación de esta ley.
APUPRENSA
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